La llegada de personas refugiadas y migrantes económicos/as a la UE ha crecido exponencialmente en los últimos años. No es la primera vez que sucede este tipo de fenómeno, aunque no se habían alcanzado estas cifras de desplazamiento desde la crisis de personas refugiadas que provocó la II Guerra Mundial.

Según datos de ACNUR, el número de personas desplazadas en el mundo ha ascendido un 157% en los últimos 5 años, llegando a los 60 millones de personas, de las cuales, durante 2015, más de un millón de ellas han llegado a las costas europeas y unas 3.750 han perdido la vida durante el viaje.

Más del 75% de quienes llegan a Europa han huido de la persecución y los conflictos en Siria, Afganistán o Irak. Mientras Europa se echa las manos a la cabeza y lo vive como “una crisis”, lo cierto es que el 86% de las personas refugiadas se encuentran en los países más empobrecidos. Por ejemplo, de los 4’6 millones de sirios y sirias que han huido del país, 3’7 han sido acogidos/as por Turquía, Líbano y Jordania. Como medida extraordinaria la UE se ha comprometido a dar acogida a 160 mil personas refugiadas en dos años. Europa está viviendo un incremento en la llegada de los refugiados y refugiadas, pero no se trata de una emergencia inasumible e imprevisible.

Desde que se proyectó una estrategia de contención de los flujos migratorios en 1986 por la creación de un espacio económico común, materializado por el Acta Única (1986), el Tratado de Maastricht (1991) y los Acuerdos de Schengen (1993) seguidos por el Convenio de Dublín (2003), la UE siempre tuvo una visión de la demanda migratoria instrumental y cortoplacista.

Se instauraron varias medidas, entre ellas la reducción drástica de la concesión del estatuto de refugiado y, por tanto, del derecho de asilo; y la adopción del principio por el cual el o la solicitante de asilo no puede interponer su solicitud en el país final de destino sino que debe hacerlo en el de llegada a Europa. Esta última decisión, impuesta por los países del primer círculo europeo (principalmente Alemania y Francia) obligaba a los demás a volverse “gendarmes” de la estrategia migratoria común. De ahí la creación de barreras en las fronteras externas europeas para contener a los inmigrantes (centros de internamientos (CIE) y FRONTEX). Así, el primer paso fue poner la frontera europea en los límites del territorio e intentar llegar a un acuerdo para crear una política migratoria común.

en este sentido, ya en 1999 los países de la UE dieron el primer paso en la construcción de una política europea común en el ámbito de las migraciones y el asilo. Pero desde entonces, y a pesar de las distintas agendas de trabajo y los avances legislativos en cuestiones específicas, la UE ha estado inmersa en una dialéctica de tensión entre los intentos de la Comisión Europea para avanzar en una política de inmigración y asilo coherente y comprensiva y las reticencias de los Estados miembros a ceder competencias en temas altamente sensibles desde la perspectiva de la seguridad. Por lo que, aunque se han dado pasos, la política común aún no ha llegado a materializarse. Aunque sí se han dado otras medidas como la externalización de fronteras a países vecinos como Marruecos o Turquía.

Durante estos años se han ido sucediendo distintas crisis, denominadas por la prensa como la “de los cayucos” en 2006 y la “de los refugiados” en la actualidad, que han puesto, ponen y pondrán de relieve las debilidades e incoherencias de la política de inmigración y asilo común de la UE.

En concreto, la actual gestión de la crisis de refugiados por parte de la UE encaja en la concepción de la movilidad como una amenaza, cuya respuesta se traduce en, por una parte, la contención y recepción con cuentagotas de una minoría de personas que pueden ser beneficiarias del estatus de asilo; y, por la otra, la represión del resto de personas migrantes que llegan a las fronteras europeas.

En este sentido, la Unión Europea ha llevado a cabo, desde hace más de 30 años, unas políticas de inmigración basadas en el cierre casi total de fronteras (con requisitos para acceder cada vez más difíciles), el control policial de la población inmigrante y la consideración de esa población con un criterio fundamentalmente utilitaria: mano de obra útil en épocas de crecimiento económico, pero indeseada (y hostilizada) en tiempos de crisis.

Respecto a las fronteras exteriores, hemos visto un doble proceso de “blindaje”, con control militar y de alta tecnología (que cada vez supone un gasto mayor), y un proceso de “externalización”, a partir de los acuerdos con los países limítrofes (Marruecos, Libia, países de África Occidental y recientemente Turquía) para que impidan la llegada de los flujos migratorios e instalen en sus territorios centros de retención e internamiento.

Por su parte, dentro de Europa se ha incrementado el control policial, la dureza del trato y las expulsiones de inmigrantes en situación irregular, aunque en algunos casos tuviesen un arraigo claro en el país. De hecho, las fronteras españolas terrestres de Ceuta y Melilla han sido escenario de las terribles heridas provocadas por los materiales de las vallas, del uso de material antidisturbios contra personas en el agua (hace dos años, más de 15 muertos en la playa del Tarajal) y de expulsiones en caliente sin cumplir los procedimientos legales.

En los últimos meses, en lo que puede denominarse como un ejercicio de xenofobia institucional, gobiernos de países que forman parte del espacio Schengen, como Austria o Suecia, han cerrado sus fronteras. No podemos obviar que la política de bloquear los accesos no genera más que situaciones de emergencia humanitaria en las puertas del Estado que lo hace.

Como ya se ha vivido en otros momentos de crisis, existe el riesgo (recientemente materializado) de que las medidas que se implementen para aumentar las cuotas de asilo vengan acompañadas del recrudecimiento de la política migratoria de la UE: fortificando las fronteras (como la valla de 175 km. que se está levantando en la frontera de Hungría y Serbia), recurriendo a prácticas ilegales como las expulsiones colectivas y/o sin garantías de las personas que no puedan acceder a la protección internacional, permitiendo que personas potenciales solicitantes de asilo que no consiguen la protección internacional queden desposeídas de derechos y sean internadas en centros de internamiento a la espera de ser deportadas contra su voluntad, o externalizando la frontera a países que no pertenecen a la Unión Europea mediante la negociación de acuerdos.

Estas medidas no son nuevas. No sólo no se ha avanzado hacia una política común, sino que Europa sigue cometiendo los mismos errores cuyas consecuencias violan los derechos humanos y provocan la muerte de las personas que tienen que buscar rutas alternativas para continuar con la huída de su país, ya que el blindaje de Europa es lo que provoca que miles de personas se vean obligadas a optar por rutas cada vez más peligrosas.

La llamada “crisis” de los cayucos que se vivió en 2006 hizo que se tomaran medidas destinadas a la externalización de la frontera sur, mediante la firma de acuerdos de nueva generación con los países de África Occidental; y a la instrumentalización de la Ayuda Oficial al Desarrollo a favor del control de fronteras. Con esto se consiguió que la frontera cada estuviera más al sur (de Marruecos a Mauritania, a Senegal, a Gambia, a Guinea, a Guinea Bissau y a Cabo Verde) lo que provocó que las rutas migratorias cada vez se volvieran más peligrosas y más personas perecieran en los viajes hacia Europa (más de 25.000 muertes en los últimos 15 años, más de 3.700 sólo en 2015 y más de 400 en los primeros meses de 2016). Además, la firma de los acuerdos ponía en manos de países que no cumplían los derechos humanos el futuro de los y las migrantes, bajo responsabilidad europea.

De momento, el modelo europeo de gestión migratoria está centrado en este tipo de medidas con catastróficas consecuencias en vez de en otro tipo de soluciones que no se han tomado aún y que podrían solventar la situación actual como por ejemplo pasando a expedir visados humanitarios en los países de origen y garantizando unas vías de llegada segura, tal y como dicta el Derecho Internacional. La idea podría ser la de abandonar definitivamente el modelo de control para pasar a uno de gestión que sea el motor de la futura política migratoria y de asilo común europea. Existen recursos suficientes para ello y, sin embargo, los esfuerzos se siguen dirigiendo a reforzar la Europa Fortaleza.

Fuente:

Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR)

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